PLANA MAYOR
Gaudencio García Rivera

Algunas pandemias que asolan a Veracruz se han contenido, pero no extirpado de raíz. No hay justificación a la curva del aprendizaje a un año de gestión controvertida, polémica y cuestionada por la sociedad civil.

La corrupción, el nepotismo, la impunidad, el débil estado de derecho y el incumplimiento —por citar sólo 5 ejemplos— son un lastre que el gobierno morenista de Cuitláhuac García le queda a deber, a grandes rasgos, a los veracruzanos.

Todavía el imaginario colectivo —aldea global, para ser más comprensible— no se repone de los ardides o las argucias legaloides, de cómo los órganos de gobierno disfrazaron el ejercicio del desaseado nepotismo en el aparato político estatal.

Los hermanos, el primo, sobrinos y el padre incómodo que realizan funciones ejecutivas en las principales áreas estratégicas del gobierno de Cuitláhuac García, por encima de la ley, son el sello del Poder Ejecutivo del Estado que se comprometió a respetar la Constitución Política local.

El Sistema Estatal Anticorrupción y el Fiscal Anticorrupción, acordes con el ordenamiento federal, no pudieron contener o someter al imperio de la ley los primeros brotes de corrupción y el lacerante nepotismo que afloraron en el gobierno morenista de Veracruz.

Prácticamente el Sistema Estatal Anticorrupción —un ente en teoría autónomo— fue bateado por el Ejecutivo estatal con las licitaciones a modo y “moches” que se han registrado en la mayoría de las dependencias del gobierno estatal.

En teoría, en el discurso oficial cuitlahuista, existe la idea, el plan y el lineamiento para combatir sin tregua la corrupción, la narcoviolencia y la restauración del estado de derecho, pero en la práctica ejercen una falaz y reprobable tutoría en los órganos fiscalizadores. Una involución, pues.

El Poder Ejecutivo actúa exactamente igual que sus predecesores del PRI y del PAN a los que tanto crítico: un sometimiento avieso con todos los organismos autónomos bajo la amenaza de congelar las mesadas presupuestales.

El doble discurso, simulación y demagogia del tlatoani anticorrupción, es la constante en un Veracruz que camina como los cangrejos.

Ahora, al despunte del año 2020, la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, dibujó de cuerpo entero el horror y terror de la procuración de justicia que se vive en Veracruz, empezando por ella.

Alfil del secretario de Gobierno, Eric Burgos Cisneros, el bajacaliforniano, el desarraigado veracruzano que permaneció por 30 años en Baja California Norte. Hernández Giadáns en comparecencia con los diputados locales, confesó ser ‘prima hermana’ de Guadalupe Hernández Hervis, (a) “La Jefa” del Cártel de Los Zetas que operan en el sur de Veracruz.

La prima sicaria está vinculada con Hernán Martínez Zavaleta, (a) ‘El Comandante H’, actualmente preso en Coatzacoalcos y quien causó el terror y la zozobra con secuestros y ejecuciones en los últimos años del gobierno de Javier Duarte (2010/16).

Verónica Hernández, nativa de San Andrés Tuxtla, hija de un reputado abogado, madre soltera, notaria con licencia, se pasó de humo a su orondo jefe el secretario de Gobierno —quien la avaló— y a los sumisos diputados de la LXIII Legislatura local, porque nadie sabía de su parentesco consanguíneo con la violenta sicaria de Los Zetas.

Nadie supo, del brillante equipo de Cuitláhuac y de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura local, que la notaria pública con licencia al designarla en septiembre de 2019 como encargada de la Fiscalía General del Estado enfrentaría conflicto de interés por ser “prima hermana” de una matona del crimen organizado.

¡Que aberración! ‘La Iglesia en manos de Lutero’. Pero lo peor de este desliz es que el góber morenista la pone como ejemplo por su imparcialidad y eficiencia de la procuración de justicia, de la cual hay un choque abismal.

En suma, al nepotismo, falsas promesas de pago a proveedores —le agregó una serie de requisitos kafkianos para alargar el proceso y con ganas de no pagar—, impunidad, corrupción y el erosionado estado de derecho que agobia al maltrecho aparato político estatal, habría que advertir la cortina de humo que tendió el tlatoani para cubrir el affaire mediático.

Si la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura local no corrige este ‘boquete legal’ en la Fiscalía General, más tarde que temprano propiciará que el búmeran tire varias cabezas, entre ellas la de varios diputados que pactaron el nombramiento de la incómoda notaria pública con licencia.

El epílogo de este escenario: complicado para una clase política morenista novel, que de no atender los reclamos populares y corregir los yerros pagará caro su cinismo y complicidad abyecta en las elecciones de 2021.

¡Existe a estas alturas una exacerbación popular en contra del gobierno morenista por los pírricos resultados en el bienestar social! No solo hay omisión y comisión por quienes impulsaron a la abogada al ente de la restauración y procuración de la justicia si no que cae en el terreno de la causalidad. No hay casualidad. Hay impunidad y corrupción de los padrinos de doña Verónica.     

 

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